Eduardo Maynau, delegado de Redeia en Illes Balears.

Desde la puesta en servicio del nuevo enlace eléctrico submarino entre Eivissa y Formentera hace un año, en la pequeña de las Pitiüses la demanda energética ha podido cubrirse exclusivamente mediante el enlace y la producción local renovable, sin utilizar energía de origen fósil. Es un salto de gigantes en la transición energética que avanza en las Illes Balears de la mano de las conexiones submarinas, novedosos sistemas como el almacenamiento y la implantación de renovables.

Los datos de Red Eléctrica -filial de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico- hablan por sí solos. En el año 2023 la generación fotovoltaica creció un 42,9% respecto de 2022. Día a día se suman récords de cobertura de demanda con renovables. Por ejemplo, el 10 de mayo la generación renovable llegó a cubrir el 40,8% de la demanda y, en el balance de todo el mes, la generación fotovoltaica creció un 54,6% respecto de mayo de 2023. Entre renovables (20%) y enlaces (24,4%) se ha cubierto el 44,4% de la demanda de Illes Balears en mayo.

Eduardo Maynau, delegado de Redeia en Illes Baleares, asegura que estos datos avalan que los proyectos de la Planificación Eléctrica ya desplegados por la empresa en nuestras Islas, los que están en construcción o en trámite y los futuros -visión 2030- permitirán consolidar, junto al crecimiento de renovables, un sistema de generación eléctrica descarbonizado con plena garantía de suministro.
Hoy, con el nuevo enlace entre las Pitüses, todas las islas están unidas entre sí por al menos un enlace a 132 kV, conformando un único sistema más robusto y unido, a su vez, con el sistema eléctrico peninsular y europeo a través del enlace con la Península. «Los enlaces robustecen el sistema y dotan a las islas de unos índices de calidad y seguridad de servicio equiparables e incluso mejores que los de la península o cualquier país centroeuropeo», asegura Eduardo Maynau.

Esta imagen corresponde a los trabajos de instalación del primer enlace submarino entre la Península y Mallorca.

«Gracias a los enlaces, sistemas antes aislados pueden acceder en cada momento a la energía más limpia y económica, independientemente de dónde se genere. Los beneficios se miden en ahorro económico, de emisiones de CO2 y en una mayor penetración de renovables que permite minimizar la utilización de las centrales térmicas. Los enlaces han supuesto un salto espectacular en la garantía de suministro en las islas y en el avance de su transición energética», añade Maynau.

Los enlaces actuales (Mallorca-Península, Mallorca-Menorca, Mallorca-Eivissa y Eivissa-Formentera) evitan, con la cobertura de entre el 20% y 30% de la demanda del conjunto de Illes Balears de media anual, la emisión de más de 500.000 toneladas al año de CO2 y suponen un ahorro anual para el sistema de unos 100 millones de euros, beneficios que el segundo enlace con la Península, más que duplicará.

Clave para acelerar esa transición es también la implantación de sistemas de almacenamiento que funcionarán como elementos de la red de transporte y permitirán aprovechar al máximo los enlaces actuales, incrementando la energía efectiva que transportan. Eso se traduce en una reducción de la generación térmica local y de emisiones de CO2, en la integración segura de más renovables y en un refuerzo de la garantía de suministro ante una eventual pérdida intempestiva de algún enlace.
En Eivissa, paralelamente avanza en estos momentos la construcción de la línea soterrada Eivissa-Bossa, un proyecto determinante -junto a las futuras baterías y la repotenciación de las líneas existentes ya concluida- para reforzar el suministro en la isla, especialmente en el oeste.

Desde Menorca, la mirada está puesta, además de en las baterías como proyecto más inmediato, en un futuro refuerzo de la interconexión con Mallorca, «sobre el cual Red Eléctrica está trabajando ya, de manera que pueda iniciarse su tramitación si se incluyera con carácter vinculante en la Planificación Eléctrica 2025-2030, en proceso de definición por parte de la Administración General del Estado en coordinación con las CC.AA y agentes del sector», concluye Maynau.